Un interesante trabajo de Arturo Leyte que responde al desprecio contemporáneo con lo importante y a su obsesión con las urgencias.

Habría que preguntarse en primer lugar si en la actualidad existe tal territorio. También, si debería existir y, en ese caso, cómo. El término “humanidades” se ha vuelto tan difuso que su mención evoca algo debilitado, pasado y decorativo; un ornamento mayor, no siempre lucido, de una cultura decididamente técnica. El estado de cosas empeora, además, cuando regularmente aparecen sus defensores: de ellos casi siempre cabe esperar un lamento por su decadencia, sin reparar en la propia responsabilidad contraída en su degradación.

Quizás sea necesario decirlo con todas las letras: las humanidades ya no resultan necesarias. Para caracterizar su irrelevancia, nada mejor que compararlas con el trabajo del ingeniero: si este no sabe, el puente se cae, la carretera se hunde, el tren de alta velocidad se estrella. ¿Qué pasa, en cambio, cuando el profesional de las humanidades (que ya no se puede llamar “humanista”) no sabe de lo suyo? Pues simplemente: no pasa nada. Esta conclusión obliga a preguntarse por qué resultan tan prescindibles cuando tiempo atrás constituyeron el núcleo del saber. Resulta obvio que las causas no resultan nítidas, porque la cuestión afecta a una metamorfosis absoluta de la cultura humana, que se cifra en una suspensión del problemático significado de tradición. La historia ya no enseña referencias, lo que conduce, como afirmaba F. Jameson al principio de su Teoría de la posmodernidad, a “pensar históricamente el presente en una época que ha olvidado cómo se piensa históricamente”. Esta paradoja nos devuelve la historia, pero convertida en retazos dispersos y confusos utilizables al margen de cualquier contexto, algo así como si el pasado fuera solo combustible para un presente voraz que todo lo consume. Pero sería ocioso y seguramente falso culpar de su lenta desaparición a la cultura técnica. Esa culpabilización se vuelve el cómodo refugio de los que no aspiran a transformar el estado de cosas, sino a perpetuarlo, porque es el que precisamente exime… del cultivo de las humanidades.

Pero, ¿se pueden cultivar bajo el nuevo paradigma? ¿Y si el verdadero obstáculo para las humanidades no lo opusieran las técnicas ni tampoco las ciencias de la naturaleza -física, química, biología- sino precisamente las “ciencias humanas”? Estas, empezando por la historia, la psicología, la sociología y, sobre todo, la lingüística, han sustituido a las humanidades transformando sus antiguos temas en nuevos objetos científicos como consecuencia de la aplicación metodológica de las ciencias naturales. Si lo que hoy define una ciencia, más que su tema de estudio, es su carácter metodológico, entre las humanidades y las ciencias humanas se ha abierto un abismo que destierra a las primeras del ámbito de la ciencia: si adoptan su metodología, se pierden a sí mismas. Esta es seguramente su frágil situación, que las vuelve mero adorno en la organización administrativa del saber.

En el nuevo paradigma también puede que sus antiguos contenidos ocupen un lugar importante en la industria del ocio y el entretenimiento, pero eso ya no son humanidades, sino business. Su sentido más íntimo -el cultivo del pasado por medio del estudio filológico y hermenéutico- resulta intratable bajo las pautas científicas admitidas. Las humanidades se vuelven así ellas mismas asunto del pasado. ¿Qué queda entonces de ellas?, ¿vale la pena recuperarlas?

Descartado que puedan ocupar su antiguo papel en la organización actual del saber y las ciencias, la pregunta por las humanidades y su improbable territorio ya no puede plantearse solo en términos científicos, sino políticos: ¿quiere dedicar una sociedad recursos económicos, con todo lo que eso implica, para implantar seriamente los estudios humanísticos, dejando de enmascarar su progresivo y estructural recorte? La pregunta se puede plantear en términos más intuitivos: ¿quiere una sociedad, por medio de su Gobierno, formar a sus jóvenes ciudadanos en estudios como la historia, la literatura, el arte, las lenguas clásicas o la filosofía?, ¿o prefiere una educación de la que haya desaparecido la posibilidad de leer, escribir, interpretar, juzgar y decidir cultivadamente? Porque desgraciadamente el cultivo de las humanidades hoy tendría que comenzar por la humilde tarea de enseñar a leer y escribir -que debería constituir el primer deber político de la democracia-, lo que nos remite a un horizonte mucho más incómodo: que tal vez hoy se pueda prescindir de la lectura, entendida al menos en sentido humanístico como ejercicio progresivo de formación. Así, tendría que asumirse que leer es algo distinto de obtener una información. La opción política residiría entonces en decidir si una sociedad quiere aprender a leer su propia tradición pasada, pero no porque allí resida la verdad absoluta, sino porque constituye la única referencia accesible para todos, fuera de la lucha por el presente. El pasado puede volverse así la distancia necesaria desde la que todavía podemos vernos. El declive de las humanidades no deja de constituir otra forma de referirse a la aniquilación estratégica del pasado. Al reproche de que las terribles catástrofes históricas del siglo XX ocurrieron precisamente bajo una sociedad ilustrada y leída, habría que oponer que su causa residió más bien en una insuficiente ilustración. Solo cabe recordar la destrucción de la tradición humanística llevada a cabo en Alemania por aquel régimen que anunciaba la nueva época a base de borrar la antigua: comenzó quemando libros como anticipo de la quema de cuerpos humanos. A las tiranías les estorba la tradición ilustrada, de ahí que la desfiguren o directamente la destruyan. Pero nuestra pregunta tiene que apuntar ya sin nostalgia directamente al futuro: ¿qué aportaría el territorio de las humanidades a la democracia?

Si las ciencias humanas investigan científicamente su objeto, políticamente habría que reivindicar el estudio de la cultura humana desde su sentido temporal, accesible solo por medio del cultivo de las lenguas, los textos y los objetos que nos precedieron, pero no con un fin arqueológico, sino con el de constituir un modelo de ciudadanía. La cultura así adquiriría un sentido ulterior, no simplemente heredado, sino como condición de una vida social futura extraña a la barbarie. ¿Resulta hoy eso posible? ¿Y si descubriéramos, por ejemplo, que ante ese objetivo el camino no fuera enseñar Educación para la Ciudadanía sino simplemente humanidades…? En realidad, ¿qué pasa cuando algo como la ciudadanía se enseña como una asignatura de la que uno se puede desvincular cuando quiera? Además de ocurrirle como a la enseñanza de la religión -que aumenta el número de irreverentes- el problema reside en que seguramente no se deja enseñar como un conocimiento, sino que es más bien el conocimiento una condición de su desarrollo. Además, ninguna Administración está dispuesta a volver a la difícil enseñanza humanística porque es improductiva, muy lenta y, en consecuencia, cara: aprender una lengua, clásica o moderna; adquirir un bagaje de lecturas; conocer y aprender a ver el arte, resultan tareas extrañas a la rapidez exigida hoy por las tecnologías de la enseñanza. El sacrificio social que se ha pagado a cambio ha sido enorme y la degradación está servida: las humanidades ya no pueden constituirse en el fondo sobre el que construir una sociedad libre y crítica. Pero, ¿qué las va a suplir? Los sobrentendidos aquí no valen y constituyen la puerta de entrada de los totalitarismos, que por descontado son antiilustrados. De ahí que la imagen más sombría proceda de pensar cómo la moderna sociedad democrática fue también la que descabezó las humanidades, seguramente por imponderables de la masificación, pero también por considerar que estaban teñidas de un halo elitista que las identificaba con las antiguas clases de poder. No se percibió que fue la propia conciencia formada en las humanidades la que justamente había acabado con aquel antiguo poder. Hoy podríamos preguntarnos si, más allá de la gestión económica de los recursos y su distribución, es posible una sociedad democrática sin contar con la reimplantación de las humanidades.

Con la lucidez de siempre, Jon Lee Anderson nos cuenta el dilema irakí después de las cenizas del imperio.

El “ruido blanco” del desinterés de los medios y la política que ha envuelto a Irak durante los últimos cuatro años ha llegado a un perturbador final. Occidente comenzó a desviar la mirada cuando la insurgencia y el Despertar sunita de 2006-2008 empezaron a contener la carnicería sectaria en el país, y la cuenta de cadáveres de los militares norteamericanas empezó, también, a caer en picada. Con el Presidente Obama cumpliendo en apariencia su promesa de campaña de retirar todas las tropas de combate norteamericanas desplegadas allí justo cuando el esfuerzo en Afganistán estaba entrando en su propia espiral de muerte, Irak parecía menos vital, menos relevante –incluso como asunto colateral.

Durante los doce meses pasados, la Primavera Árabe, con todos sus dramas y héroes y personajes de Twitter y iPhone, ha absorbido una extraordinaria porción de la atención pública. Entre todos estos acontecimientos, no muchos norteamericanos se han sentido inclinados a mirar hacia atrás y reexaminar las animosidades profundas y no reconciliadas que todavía están en juego en Irak, y a considerar qué podrían significar en función de un enfrentamiento internacional con Irán por su programa nuclear o cómo la inconclusa pero letal guerra de influencias entre los Estados Unidos e Irán se librará en Irak una vez que nuestras tropas se marchasen.

Pero ahora todo está sucediendo con rapidez inesperada y, una vez más, está esa vieja sensación de fatalidad inminente. El 19 de diciembre (de 2011), un día después de que las últimas tropas norteamericanas dejaran oficialmente Irak y apenas una semana después de que el Presidente Obama, con el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki parado a su lado, en Washington, diera su propio discurso de “misión cumplida”, las cosas comenzaron a desbaratarse.

Quien inició todo fue no otro que el propio Maliki, cuyo gobierno dominado por los chiítas emitió una orden de arresto contra el vicepresidente sunita Tareq al-Hashimi y lo acusó de ser un cerebro del terrorismo. Varios de sus custodios fueron detenidos y luego paseados por la televisión nacional, donde confesaron sus supuestos crímenes. Hashimi, que no es tonto, sabía claramente que se venía algo porque arregló para estar fuera de la ciudad, en la región autónoma de Kurdistán, en el Norte. El martes organizó una conferencia de prensa allí, en la que negó los cargos y acusó a Maliki de buscar la creación de un régimen sólo chiíta bajo su control (la población de Irak, de unos treinta millones de personas, está dividida aproxiadamente así: un 60 por ciento chiíta, entre el 15 y el 20 por ciento sunita y un 18 por ciento kurdo). Hashimi debe su alto cargo en el gobierno de Irak al hecho de que encabeza el poderoso partido sunita Al Iraqiya, que posee 91 de las 325 bancas parlamentarias de Irak. Dijo que no volvería a Bagdad hasta que se retiraran los falsos cargos. En una base militar en Maryland, mientras tanto, el Presidente Obama encabezaba una ceremonia en la cual dijo que las tropas de los Estados Unidos podían estar orgullosas, porque habían “establecido las condiciones para que la democracia eche raíces en Irak” (antes de que acabara el día, sin embargo, el director de la CIA, David Petreaus, estaba volando a Bagdad para lidiar con el problema, y el embajador norteamericano, James Jeffrey, que se había ido de la ciudad por el receso de Navidad, también estaba en camino).

El miércoles, en lugar de optar por un diplomático retroceso, Maliki subió la apuesta todavía más con una conferencia de prensa de 90 minutos en la que reiteró las acusaciones contra Hashimi, amenazó con acabar los delicados acuerdos de reparto del poder con los kurdos y sunitas, y advirtió a los kurdos que si se permitía escapar a Hashimi habría problemas. Los últimos movimientos de Maliki muestran todas las características de lo que en los viejos tiempos se solía llamar una toma del poder. Aún antes de los acontecimientos de esa semana, las tensiones habían comenzado a escalar a medida que la policía de Maliki arrestaba a cientos de presuntos miembros del partido Baas (NDT: de Saddam Hussein) de la comunidad sunita.

Hasta ahora, el gobierno de Irak ha ofrecido sólo una quimera de unidad nacional. Su remedo e estabilidad depende de una serie de pactos negociados por los norteamericanos sobre ítems de presunto interés común, como la atribución de cuotas de ingresos petroleros y ministerios y acuerdos de defensa (otro incentivo para la cooperación mutual ha sido el enriquecimiento personal: ya desde los primeros días posteriores a la invasión, la Autoridad Provisional de la Coalición dirigida por los Estados Unidas, en los que se repartió miles de millones de dólares en efectivo a colaboradores iraquíes que, en algunos casos, se “perdieron”, la corrupción oficial ha sido sistemática. Muchos de los principales líderes políticos de Irak y sus entornos inmediatos han amasado una gran riqueza en sus cargos. La corrupción de Irak es considerada una de las peores del mundo tanto por Transparency International como por el Banco Mundial). Pero el hecho es que el gobierno de Irak está dominado por los chiítas y mantiene estrechoz lazos –incluyendo algunos parcialmente insondables—con los regímenes hermanos de Irán y Siria, y tiene un opaco primer ministro, Maliki, con el cual los norteamericanos nunca se han sentido cómodos y mucho menos han llegado a “conocer”. En Washingotn, se dice que ha discutido con Obama a puertas cerradas por el respaldo norteamericano a la oposición al presidente Assad de Siria, al que considera un aliado, así como por su cercanía a Irán y al clérigo chíita militantemente antinorteamericano Moqtada al-Sadr. Incluso las declaraciones públicas de Maliki respecto del futuro de las relaciones iraquíes-norteamericanas han sido perturbadoramente parsimoniosas, del estilo de “un capítulo concluye, uno nuevo comienza; miramos con interés hacia el futuro”.

El 22 de diciembre por la mañana, hubo estallidos de bombas coordinados en toda Bagdad. Fue el peor de tales ataques en muchos meses: escuelas, concentración de trabajadores y una oficina anticorrupción del gobierno fueron los blancos, así como mercados públicos. Otras bombas explotaron por la noche. Al menos 73 personas murieron y unas doscientas resultaron heridas. La naturaleza indiscriminada de los ataques tiene las características de Al Qaeda, que o bien tenía su destructivo arsenal de atacantes suicidas y explosivos listos para golpear como una despedida para los norteamericanos, o –igualmente preparado—analizó rápidamente el fermento político iraquí y pegó, sabiendo que tenía todo para ganar con la inestabilidad.

Las explosiones gemelas que golpearon a la vecina capital siria de Damasco a la mañana siguiente y mataron a 30 personas, a su vez, parecen más que una coincidencia. Si los ataques vinieron de Al Qaeda, muestran una extraordinaria capacidad de esa organización terrorista para aprovechar las oportunidades. Si fueron destinados a ayudar a los extremistas sunitas que, como ha estado afirmando el régimen de Assad, están aprovechando el movimiento antigubernamental sirio para su propios fines, ciertamente dieron en el blanco, pero también fortalecieron los argumentos oficiales. Si, por otro lado, estaban coordinados con los ataques de Bagdad para escalar las tensiones entre chiítas y sunitas en la región, todas las apuestas están abiertas respecto de lo que pueda pasar a continuación.

Para aquellos que pueden –breve, vanamente– haber deseado un “intervalo decente” tras la partida norteamericana de Irak, el momento de la ilusión ha terminado.

Fake terror plots, paid informants: the tactics of FBI ‘entrapment’ questioned.

Critics say bureau is running a sting operation across America, targeting vulnerable people by luring them into fake terror plots.

Paul Harris from The Guardian

The FBI has drawn criticism over its apparent use of ‘entrapment’ tactics. Photograph: Chip Somodevilla/Getty Images

David Williams did not have an easy life. He moved to Newburgh, a gritty, impoverished town on the banks of the Hudson an hour or so north of New York, at just 10 years old. For a young, black American boy with a father in jail, trouble was everywhere.

Williams also made bad choices. He ended up going to jail for dealing drugs. When he came out in 2007 he tried to go straight, but money was tight and his brother, Lord, needed cash for a liver transplant. Life is hard in Newburgh if you are poor, have a drug rap and need cash quickly.

His aunt, Alicia McWilliams, was honest about the tough streets her nephew was dealing with. “Newburgh is a hard place,” she said. So it was perhaps no surprise that in May, 2009, David Williams was arrested again and hit with a 25-year jail sentence. But it was not for drugs offences. Or any other common crime. Instead Williams and three other struggling local men beset by drug, criminal and mental health issues were convicted of an Islamic terrorist plot to blow up Jewish synagogues and shoot down military jets with missiles.

Even more shocking was that the organisation, money, weapons and motivation for this plot did not come from real Islamic terrorists. It came from the FBI, and an informant paid to pose as a terrorist mastermind paying big bucks for help in carrying out an attack. For McWilliams, her own government had actually cajoled and paid her beloved nephew into being a terrorist, created a fake plot and then jailed him for it. “I feel like I am in the Twilight Zone,” she told the Guardian.

Lawyers for the so-called Newburgh Four have now launched an appeal that will be held early next year. Advocates hope the case offers the best chance of exposing the issue of FBI “entrapment” in terror cases. “We have as close to a legal entrapment case as I have ever seen,” said Susanne Brody, who represents another Newburgh defendant, Onta Williams.

Some experts agree. “The target, the motive, the ideology and the plot were all led by the FBI,” said Karen Greenberg, a law professor at Fordham University in New York, who specialises in studying the new FBI tactics.

But the issue is one that stretches far beyond Newburgh. Critics say the FBI is running a sting operation across America, targeting – to a large extent – the Muslim community by luring people into fake terror plots. FBI bureaux send informants to trawl through Muslim communities, hang out in mosques and community centres, and talk of radical Islam in order to identify possible targets sympathetic to such ideals. Or they will respond to the most bizarre of tip-offs, including, in one case, a man who claimed to have seen terror chief Ayman al-Zawahiri living in northern California in the late 1990s.

That tipster was quickly hired as a well-paid informant. If suitable suspects are identified, FBI agents then run a sting, often creating a fake terror plot in which it helps supply weapons and targets. Then, dramatic arrests are made, press conferences held and lengthy convictions secured. But what is not clear is if many real, actual terrorists are involved.

Another “entrapment” case is on the radar too. The Fort Dix Five – accused of plotting to attack a New Jersey army base – have also appealed against their convictions. That case too involved dubious use of paid informants, an apparent over-reach of evidence and a plot that seemed suggested by the government.

Burim Duka, whose three brothers were jailed for life for their part in the scheme, insists they did not know they were part of a terror plot and were just buying guns for shooting holidays in a deal arranged by a friend. The “friend” was an informant who had persuaded another man of a desire to attack Fort Dix.

Duka is convinced his brothers’ appeal has a good chance. “I am hopeful,” he told the Guardian.

But things may not be that easy. At issue is the word “entrapment”, which has two definitions. There is the common usage, where a citizen might see FBI operations as deliberate traps manipulating unwary people who otherwise were unlikely to become terrorists. Then there is the legal definition of entrapment, where the prosecution merely has to show a subject was predisposed to carry out the actions they later are accused of.

Theoretically, a simple expression, like support for jihad, might suffice, and in post-9/11 America neither judges nor juries tend to be nuanced in terror trials. “Legally, you have to use the word entrapment very carefully. It is a very strict legal term,” said Greenberg.

But in its commonly understood usage, FBI entrapment is a widespread tactic. Within days of the 9/11 terror attacks, FBI director Robert Mueller issued a memo on a new policy of “forward leaning – preventative – prosecutions”.

Central to that is a growing informant network. The FBI is not choosy about the people it uses. Some have criminal records, including attempted murder or drug dealing or fraud. They are often paid six-figure sums, which critics say creates a motivation to entrap targets. Some are motivated by the promise of debts forgiven or immigration violations wiped clean. There has also been a relaxing of rules on what criteria the FBI needs to launch an investigation.

Often they just seem to be “fishing expeditions”. In the Newburgh case, the men involved met FBI informant Shahed Hussain simply because he happened to infiltrate their mosque. In southern California, FBI informant Craig Monteilh trawled mosques posing as a Muslim and tried to act as a magnet for potential radicals.

Monteilh, who bugged scores of people, is a convicted felon with serious drug charges to his name. His operation turned up nothing. But Monteilh’s professed terrorist sympathy so unnerved his Muslim targets that they got a restraining order against him and alerted the FBI, not realising Monteilh was actually working on the bureau’s behalf.

Muslim civil rights groups have warned of a feeling of being hounded and threatened by the FBI, triggering a natural fear of the authorities among people that should be a vital defence against real terror attacks. But FBI tactics could now be putting off many people from reporting tip-offs or suspicious individuals.

“They are making mosques suspicious of anybody. They are putting fear into these communities,” said Greenberg. Civil liberties groups are also concerned, seeing some FBI tactics as using terrorism to justify more power. “We are still seeing an expansion of these tools. It is a terrible prospect,” said Mike German, an expert at the American Civil Liberties Union and a former FBI agent who has worked in counter-terrorism.

German said suspects convicted of plotting terror attacks in some recent FBI cases bore little resemblance to the profile of most terrorist cells. “Most of these suspect terrorists had no access to weapons unless the government provided them. I would say that showed they were not the biggest threat to the US,” German said.

“Most terrorists have links to foreign terrorist groups and have trained in terrorism training camps. Perhaps FBI resources should be spent finding those guys.”

Also, some of the most serious terrorist attacks carried out in the US since 9/11 have revolved around “lone wolf” actions, not the sort of conspiracy plots the FBI have been striving to combat. The 2010 Times Square bomber, Faisal Shahzad, only came to light after his car bomb failed to go off properly. The Fort Hood killer Nidal Malik Hasan, who shot dead 13 people on a Texas army base in 2009, was only discovered after he started firing. Both evaded the radar of an FBI expending resources setting up fictional crimes and then prosecuting those involved.

Yet, as advocates for those caught up in “entrapment” cases discover, there is little public or judicial sympathy for them. Even in cases where judges have admitted FBI tactics have raised serious questions, there has been no hesitation in returning guilty verdicts, handing down lengthy sentences and dismissing appeals.

The Liberty City Seven are a case in point. The 2006 case involved an informant, Elie Assaad, with a dubious past (he was once arrested, but not charged, for beating his pregnant wife). Assaad was let loose with another informant on a group of men in Liberty City, a poor, predominantly black, suburb of Miami. The targets were followers of a cult-like group called The Seas of David, led by former Guardian Angel Narseal Batiste.

The group was, perhaps, not even Muslim, as its religious practices involved Bible study and wearing the Star of David. Yet Assaad posed as an Al-Qaida operative, and got members of the group to swear allegiance. Transcripts of the “oath-taking” ceremony are almost farcical. Batiste repeatedly queries the idea and appears bullied into it. In effect, defence lawyers argued, the men were confused, impoverished members of an obscure cult.

Yet targets the group supposedly entertained attacking included the Sears Tower in Chicago, Hollywood movie studios and the Empire State Building. Even zealous prosecutors, painting a picture of dedicated Islamic terrorists, admitted any potential plots were “aspirational”, given the group had no means to carry them out.

Nonetheless, they were charged with seeking to wage war against America, plotting to destroy buildings and supporting terrorism. Five of them got long jail sentences. Assaad, who was recently arrested in Texas for attempting to run over a policeman, was paid $85,000 for his work.

This year the jailed Liberty City men launched an appeal and last week judgment was handed down. They lost, and officially remain Islamic terrorists hell-bent on destroying America. Not that their supporters see it that way.

“Our country is no safer as a result of the prosecution of these seven impoverished young men from Liberty City,” said Batiste’s lawyer, Ana Jhones.

“This prosecution came at great financial cost to our government, and at a terrible emotional cost to these defendants and their families. It is my sincere belief that our country is less safe as a result of the government’s actions in this case.”

El programa Escuela 2.0 en España pone la tecnología, pero los pedagogos reclaman un cambio de metodologías. La mayoría de los profesores que ha usado computadoras cree que son necesarias.

Pablo Linde hace este reportaje sobre la inserción tecnológica en la educación española.

Los debates pedagógicos son casi infinitos, pero hay uno que ya está cerrado: el de introducir o no las nuevas tecnologías en las aulas. Existe el consenso internacional de que deben estar presentes y la gran mayoría de los países desarrollados llevan tiempo incorporando ordenadores y pizarras digitales a los centros escolares. Lo que ahora está en cuestión es cómo usarlos. Porque las tecnologías por sí solas son solo una ayuda. El reto que se plantea la mayoría de los expertos es cambiar las metodologías y los currículos.

La apuesta decidida por las tecnologías en las aulas en España se llama Escuela 2.0. Fue anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2009 y se proponía distribuir más de un millón y medio de ordenadores portátiles entre alumnos, más de 80.000 equipos para los profesores, la creación de otras tantas aulas digitales (con acceso a Internet y pizarras electrónicas) y la puesta a disposición de los docentes de un amplio catálogo de programas informáticos para usar estos avances.

En cifras, se ha recorrido algo más de un tercio del camino, pero todavía queda mucho para conseguir lo que pregona Antonio Pérez Sanz, uno de los impulsores del programa desde la dirección del Instituto de Tecnologías Educativas: “Hay que modificar el papel del profesor. Debe dejar de ser un orador o instructor que domina los conocimientos para convertirse en un asesor, orientador, facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje y mediador entre los alumnos y la realidad utilizando las tecnologías”.

Para llegar a este objetivo hay que dar dos pasos indispensables: la introducción de la tecnología y la formación del profesorado. Aunque es uno de los ejes del programa Escuela 2.0, la instrucción que reciben los docentes es muy deficiente, según explica Julio Díaz Escolante, del sindicato independiente Anpe. “La formación no se ha abordado en condiciones en ninguna comunidad”, comenta. “Se está dotando de muchos medios a los centros y no se les saca rendimiento. Los alumnos están muchas veces más formados que sus maestros”, añade.

La falta de formación, que se limita a unas pocas horas, provoca que haya una enorme heterogeneidad entre el aprovechamiento de la tecnología y que dependa sobre todo de la motivación de los profesores y de sus conocimientos previos o adquiridos ad hoc. Además, la mera formación teórica sobre informática no es suficiente.

En opinión de Pere Marquès, director del grupo de investigación de Didáctica y Multimedia de la Universidad Autónoma de Barcelona, tan importante como esta formación y la propia tecnología lo es un tercer eje: “Darle al docente motivos para usarla”. Según dice, hay muchos. “Uno es un fracaso escolar que no baja desde hace años. Probemos estas nuevas herramientas, a lo mejor pueden solucionar el problema. Otro, igual de importante, es que la sociedad de hoy es distinta a la de hace 30 años. Siempre estamos conectados a Internet. Lo que hoy requieren los ciudadanos no es memorizar todo aquello que pueda ser necesario, sino saber encontrarlo. Lo que hace falta es enseñar a resolver problemas lo más rápidamente posible”, argumenta Marqués. La introducción de la tecnología en las aulas es un paso importante, pero insuficiente, desde su punto de vista. “Habría también que cambiar los objetivos y los métodos”, subraya.

Es la misma línea que exponen la mayoría de expertos en pedagogía y nuevas tecnologías. Manuel Area, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna (Tenerife), insiste en que meter tecnología en las aulas no es sustituir libros por máquinas. “Tendría que replantearse más fuertemente el currículum y el sistema escolar. Nuestra escuela sigue teniendo una visión casi del siglo XIX, con asignaturas aisladas unas de otras. En el siglo XXI todo debería estar más integrado, con más propuestas de problemas que los estudiantes tengan que resolver e indagar. Otro planteamiento importante es que el aprendizaje tiene que ser colaborativo, no individual”, propone.

A pie de aula, Antonio García Aguilera, profesor del instituto Torre Almenara de Mijas (Málaga), ve con cierto escepticismo las lecciones teóricas sobre el uso de las tecnologías. Admite que se le pueden extraer usos positivos, sobre todo en pequeños grupos. “Pero no es la panacea que nos vende la Administración”, subraya. Para empezar, por una cuestión mucho más cotidiana que los argumentos metodológicos: “Con grupos de 30 como los que solemos manejar, lo más normal es que haya una decena que olvida el ordenador. ¿Qué haces con ellos? Después tardas en enchufarlos, en que los niños entren en los programas que deben, hay cortes de conexión, en ese lapso se distraen, pierden el hilo. Lo mismo sucede con la pizarra digital. No es fluido”.

En los foros de profesores es fácil encontrar una opinión que comparte Antonio García: “El sistema educativo está muy falto de recursos como para gastar tanto en ordenadores”. Él hace hincapié en la necesidad de más profesorado para bajar la cantidad de alumnos por aula. “En una clase de lengua conseguimos partir en dos grupos de 15 escolares uno de 30 y las mejoras fueron muy superiores a las que consigue cualquier tecnología”, explica.

La gran mayoría de los profesores que ha comenzado a usar ordenadores y pizarras digitales, sin embargo, considera necesario el programa Escuela 2.0, según un estudio todavía no publicado que está realizando el catedrático Manuel Anarea entre 4.000 docentes de toda España. Con resultados todavía provisionales, casi el 90% expresa esta opinión.

Este programa, aunque sí es probablemente el más ambicioso, no es el primero que se propone el uso de nuevas tecnologías en las aulas. Ya a mediados de los ochenta, el Ministerio de Educación puso en marcha los proyectos Atenea, para introducir equipos informáticos en los centros, y Mercurio, que pretendía incorporar recursos audiovisuales, como vídeos o diapositivas. Desde entonces, la suma de avances en las aulas ha sido continua, aunque poco sistemática. En opinión de Ángel Fidalgo, del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información, el uso de los ordenadores suele dar “un subidón” al introducir algo nuevo que queda en casi nada cuando queda obsoleto. “El programa Escuela 2.0 es necesario, pero puede suceder lo mismo si se mantienen las mismas metodologías”, añade.

El cambio de enfoque no puede ser rápido. En educación los resultados nunca lo son. “Pero añadir tecnologías es inevitable porque así funciona el mundo que nos rodea”, asegura Marquès. También la mayoría de los países desarrollados incorporan de una u otra forma ordenadores en las aulas. En los países nórdicos la tecnología es “más invisible”, en palabras de este investigador. El centro está perfectamente equipado para que puedan tener acceso a ella cuando la necesiten, pero no se centran tanto en el ordenador por cada alumno. Los países anglosajones sí la tienen muy presente.

Varios Estados de EE UU cuentan desde hace tiempo con equipos para todos sus alumnos. En algunos centros, según Marquès, tuvieron que dar marcha atrás porque comprobaron que “habían dado más importancia a la máquina que a las actividades”. “Han tenido que rectificar porque solo con tecnología no se arreglan todos los problemas. Que cada uno trabaje a su aire es muy bonito, pero los alumnos necesitan orientación, deben tener claro qué aprender”, explica.

Un instituto de Los Altos, en California, probó el pasado curso una experiencia piloto que ha dado resultados notables. Tan solo el 3% de los que participaron en ella sacó calificaciones por debajo de la media en un examen de final de curso. Aplicaron el método de un extrabajador de un fondo de inversión que grabó vídeos en YouTube para ayudar a un primo con las matemáticas. Comenzaron a tener decenas de miles de visitas e hicieron que su creador, Salman Khan, dejase su empleo para dedicarse por completo a la educación mediante la Khan Academy, una institución sin ánimo de lucro apadrinada por Google y Bill Gates. Hoy hay más de 2.500 vídeos en la Red que van desde las matemáticas a la biología, de la astronomía a las finanzas, vistos por más de dos millones de personas al mes. Su idea es llevar el ordenador a las aulas, no como un complemento, sino como un eje.

Al contrario de lo que se puede pensar, la intención de Khan no es sustituir a los profesores, sino hacerles aprovechar mejor el tiempo. “Ya no tienen que perderlo en dar explicaciones generales, los niños las pueden ver en los vídeos cuantas veces quieran y hacer los ejercicios que necesiten en la web. El maestro los monitoriza, sabe cuáles son los problemas de cada escolar y puede atenderlo individualizadamente, de forma que los alumnos aventajados pueden avanzar más rápido y los lentos son mejor atendidos en un proceso de aprendizaje asimétrico. No es deshumanizar la enseñanza, sino todo lo contrario”, explica Khan.

Dentro de la heterogeneidad de uso de las tecnologías que hay en España, existen ejemplos parecidos. Miguel Carlos de Castro, profesor de tecnología del IES Concepción Arenal de Ferrol (A Coruña), incorporó a sus clases un sistema muy similar: una página web con recursos, documentación, problemas, chuletas, ejercicios, que tiene también un sistema de preguntas tipo test que permiten evaluar el avance del alumno. Los profesores pueden seguir instantáneamente el progreso del alumno y comprobar qué materiales ha usado y con qué éxito. Se llevó un premio a la diversidad de la Xunta de Galicia por la posibilidad que daba a los alumnos de seguir su ritmo, ya fuese más o menos rápido.

Pero hoy por hoy no hay un modelo universal. Las asignaturas más técnicas son más propicias para métodos como los anteriores y otras, de la rama de humanidades, tienen más difícil encaje en un sistema así. Los ordenadores están ahí, pero todavía hay que perfilar cómo aprovecharlos.

Los datos de la Escuela 2.0

- Inversión. 800 millones financiados al 50% entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Participan todas excepto Valencia y Madrid.

- Objetivos. Distribuir más de 1,5 millones de ordenadores portátiles, más de 80.000 ordenadores para los profesores y las aulas, y la dotación y equipamiento de unas 80.000 aulas digitales.

- Estado actual. Se han repartido 632.313 ordenadores entre alumnos de quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de ESO, ya hay 26.798 aulas digitales y 160.111 profesores formados.

- Formación al profesorado. Existen 70 materiales modulares que dan origen a más de 300 cursos. En las convocatorias (se hace una en octubre y otra en febrero) de los cursos 2009-10 y 2010-11 han participado más de 50.000 profesores de toda España.

- Déficit. El primer examen de lectura digital que ha hecho el informe Pisa muestra que en España, uno de cada cuatro alumnos de 15 años tiene serias dificultades para navegar por internet a pesar de estar familiarizado con las tecnologías. El porcentaje es superior a la media, que se sitúa en el 17% de los escolares.

Formas de adaptarse a los cambios

“El hecho de meter un ordenador en el aula va a dar problemas. Es como un coche: hay que repararlo, aparcar, pagar impuestos… Si lo vamos a usar para ir a la panadería de enfrente, no nos merece la pena, pero si hacemos largos recorridos, sí. Con la tecnología sucede igual, hay que darles a los profesores los motivos para usarla y aprovecharla”. Es la filosofía de Pere Marquès, de la Universidad Autónoma de Barcelona y cuyo trabajo consiste, en buena parte, en dar estos motivos. Pone ejemplos de cómo mejorar las clases con ordenadores: “Yo explico como toda la vida mis lecciones. Bien. Pero, por favor, cuando expliques, ¿por qué no las acompañas con una pizarra digital con vídeo introductorio, para motivar? Cuando explicas la célula, usa una proyección que la amplíe. Es más motivador”. Otro ejemplo: “Puedes decir que, como la semana que viene vamos a estudiar la célula, busquen en Internet algo sobre ella. Los alumnos podrán explicárselo a sus compañeros y esto les hace participar. Y aunque haya hecho un copia y pega, el de tener que explicarlo les hará aprender”.

El Ministerio de Educación ha puesto en sus páginas web una gran cantidad de recursos para que los niños hagan ejercicios y aprendan de una forma distinta, más amena. En principio, resulta fácil captar su atención, pero este efecto no es permanente, según explica Antonio García, profesor de un instituto de Mijas: “Sucede como antiguamente con las diapositivas, las primeras veces que las pones, los niños atienden, pero después se acostumbran y dejan de hacer caso”. Este docente, que aplica las tecnologías con satisfacción en geografía u ortografía, reclama que las nuevas metodologías que impulsan muchos pedagogos no deben cambiar radicalmente el sistema.

“Las clases magistrales en secundaria ya no existen. Entre otras cosas porque los niños no son capaces de prestar atención durante una hora seguida. Desde hace tiempo se les dan otros estímulos. Pero también hay que fomentar la concentración y el pensamiento reflexivo, que se está perdiendo en parte por las nuevas tecnologías”, explica García. De hecho, hay estudios que muestran cómo la multitarea en Internet hace que cueste más la concentración y otros que prueban que el funcionamiento de la memoria está cambiando por el efecto Google, es decir, porque uno sabe que tiene la información al alcance de la mano.

JOAQUÍN VILLALOBOS, que alguna vez fue guerrillero en El Salvador, describe hoy lo que pasará en Bolivia mañana. No en vano, el sacerdote aimara que corona a Evo Morales en la foto fue apresado por narcotraficante hace algunos meses atrás.

El Salvador, Guatemala y Honduras han sido sociedades históricamente violentas. Sus Estados autoritarios organizaron la seguridad usando paramilitares y escuadrones de la muerte y esto derivó en que los ciudadanos aprendieron a matarse para dirimir sus diferencias. Al transitar a la democracia, resultado de la aversión al autoritarismo, estos países pasaron de lo sublime a lo ridículo, la justicia se orientó a proteger a los ciudadanos del Estado, los delincuentes pasaron a ser considerados víctimas y la seguridad fue privatizada en detrimento de la seguridad pública. Ahora, sin ley y orden y con Estados debilitados, los criminales amenazan con convertir estas pequeñas naciones en Estados fallidos.

Al tratar de explicar la violencia en Centroamérica se ha difundido la creencia de que, resultado de la lucha que está librando México, la región está siendo invadida por los Zetas. La ruta de la cocaína es de sur a norte, el valor de México es la conexión con EE UU y el de Centroamérica, la conexión con Sudamérica. Es decir, ambas regiones son parte de una misma ruta y no funcionan por separado. Los carteles mexicanos no pueden huir de México para trasladar su negocio a Centroamérica, porque sin la conexión con EE UU no hay negocio.

Como parte de la creencia anterior también se piensa que los carteles mexicanos están asumiendo el control del crimen organizado en Centroamérica, es decir, que han tomado el control de toda la ruta de la cocaína, imponiendo su autoridad sobre los criminales centroamericanos usando su poder financiero. Sin embargo, entre criminales el dinero vale sólo si hay poder de intimidación y pueden eliminar a sus competidores. En ese sentido, para que los carteles mexicanos pudieran imponerse en Centroamérica sería indispensable que hubiera en la región un cuerpo social de apoyo compuesto por muchos mexicanos. Sin eso no pueden asegurarse ni el respeto, ni la información, ni las lealtades que les permitan dirigir sus actividades criminales.

El fenómeno más clásico de traslado de organizaciones mafiosas es lo que ocurrió con la migración masiva de italianos hacia EE UU a finales del siglo XIX, pero no ha habido, ni hay, migración masiva de mexicanos hacia Centroamérica. La presencia de delincuentes mexicanos en Centroamérica es parte normal de la coordinación entre organizaciones criminales; esto, y el uso de franquicias de violencia como los Zetas, no implica que haya traslado de mafias. Lo que sí va a ocurrir es que cuando México termine de desmantelar a los grandes carteles, la cocaína se moverá de nuevo por la ruta Caribe y más claramente por Cuba, que conecta directo a Sudamérica con EE UU sin pasar por Centroamérica y México.

Centroamérica, además de sus propios carteles, tiene a las pandillas o maras, que se las suele confundir con crimen organizado, a pesar de ser fenómenos distintos. Para las maras, la pandilla es la familia, porque sus miembros provienen, casi sin excepción, de familias disfuncionales muy pobres. Para el crimen organizado, conforme a su regla de que “la sangre no traiciona”, la familia es parte de la estructura criminal y sus miembros más prominentes provienen de familias normales de clase media baja. Para las maras el dinero es instrumental y no necesariamente un propósito central. El crimen organizado se mueve por la codicia; el enriquecimiento es su razón de ser y cuando alcanzan su máximo desarrollo buscan ser socialmente aceptados como nuevos ricos.

Para el crimen organizado el territorio tiene valor estratégico para negocios ilícitos de alta rentabilidad; en cambio, para la pandilla, el territorio es el lugar de habitación y la actividad delictiva principal que realizan en éste es la extorsión que, aunque de poco valor financiero, atormenta incluso a los más pobres. El crimen organizado es esencialmente clandestino, la pandilla, por el contrario, es abierta. Ambos cometen atrocidades, pero para el crimen organizado la violencia es un instrumento de poder y para la pandilla la violencia es identidad y tiene valor por sí misma. Los miembros del crimen organizado pueden consumir o no drogas, los pandilleros son adictos. Con los cambios generacionales las maras pueden evolucionar a formas primitivas de crimen organizado, consolidando su dominio territorial, haciéndose de base social y volviéndose sicarios del narcotráfico, pero no alcanzan mayores niveles de sofisticación. Ambos fenómenos son peligrosos, el crimen organizado porque corrompe al Estado y las maras por su violencia extrema.

Las pandillas son básicamente un fenómeno tribal urbano de carácter antropológico y no sólo un asunto delictivo. Hay en las maras una generación perdida de asesinos incorregibles que sólo se pueden atender con represión y cárcel. Sin embargo, con los jóvenes en riesgo, las acciones estrictamente represivas como Plan Mano Dura multiplican el problema en vez de reducirlo. Las maras no surgen solamente por falta de empleos, oportunidades y educación, sino también por un problema de identidad y pertenencia, originado por una severa degradación moral y social en comunidades y familias. Por ello se manifiesta a través de símbolos tribales como tatuajes, lenguaje corporal, música, grafiti, idioma y una violenta rivalidad con otras pandillas. En todos los lugares donde hay éxito en las políticas preventivas antipandillas, lo central es la atención a la identidad a través de la música, el arte, el teatro, el baile, los deportes fuertes, las religiones, la competencia pacífica e incluso la transformación positiva de la pandilla asignándole roles en la comunidad. Sin resolver antes el tema de identidad difícilmente las políticas sociales serán exitosas. El uso de la disciplina militar en reclusorios para jóvenes en riesgo podría agravar el problema.

En Centroamérica la impunidad es importante, pero no es la prioridad, las prisiones están colapsadas y enviar presidentes y generales a la cárcel empuja a estos países a su agenda del pasado, cuando están en peligro de extinguirse en el presente. El problema más grave de estos pequeños Estados es que están perdiendo soberanía sobre sus territorios con barrios en manos de pandillas y zonas rurales convertidas en narcoterritorios. El déficit principal está en la dimensión y calidad de sus policías y Fuerzas Armadas, que fueron reducidas como parte de políticas neoliberales y no sólo por razones democráticas. El problema es que más policías y militares implica más impuestos. Sobre ese tema las palabras de un amigo colombiano a un grupo de empresarios de la región fueron lapidarias: “La seguridad que les falta, son los impuestos que no pagan”.

Han transcurrido más de veinte años desde cuando me fui a trabajar al Chapare en los programas de desarrollo alternativo financiados por Naciones Unidas. Muchas lecciones aprendidas, profundas enseñanzas recibidas, intensas experiencias vividas, en medio de ese paisaje verde y húmedo colmado de sorpresas para una colla como yo, habituada a la altitud, al frío, al agreste paisaje montañoso donde nació y creció.

Entre esas lecciones, algunas quedaron marcadas de forma particular en mi memoria. Allí tuve la ocasión de conocer a gente yuracaré que había salido desde el fondo del monte a Chimoré para vender sus artesanías en una feria organizada por los proyectos para los que trabajaba, en otra ocasión pude visitarles en su pobre comunidad instalada en las riberas del río Chapare. Me quedó particularmente marcada la representación social que ellas y ellos tenían sobre los colonos collas que, a través de diversos procesos de migración, habían ocupado el territorio donde ese y otros pueblos indígenas habitaban desde tiempos inmemorables: les llamaban “invasores”. En contrapartida, los “colonizadores” collas les llamaban “salvajes”, se referían a esos pueblos como “incivilizados”. Me quedó clara la idea de que ambos habían construido a través del tiempo idénticas representaciones sociales producidas quinientos años antes, cuando la conquista española: invasores fueron para los pueblos andinos quienes llegaron y se apropiaron de su territorio, salvajes e incivilizados eran esos pueblos para quienes arribaron a estos territorios con ansia de riqueza.

Esas representaciones se hacen hoy evidentes en boca –nada más ni nada menos– del propio presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, cuando “instruye” a los jóvenes chapareños a “ir a conquistar/ enamorar a las yuracarés – trinitarias” para convencerlas de no oponerse a la construcción del camino proyectado sobre el TIPNIS, cuando ya antes les había advertido que el proyecto se ejecutaría “quieran o no quieran”.

Al margen de la absoluta inconsistencia de ese propósito con el discurso de respeto y adoración a la Madre Tierra Pachamama, hoy queda plasmada otra inconsistencia: esta vez con el proyecto “descolonizador”. Aunque se haya cambiado el nombre de la Confederación de Colonizadores de Bolivia por la de Confederación de Pueblos Interculturales de Bolivia, el eufemismo no logra ocultar la verdadera naturaleza de los pueblos (mayoritariamente quechuas) que ocuparon un territorio previamente habitado por otros que resultaron prácticamente “arrinconados” al fondo del monte, en una suerte de “reservas indígenas”, condenados a la extinción.

Y como si ello fuera poco, hoy el presidente pretende hacerles convencer de las virtudes del proyecto gubernamental, no a través del diálogo razonado, no a través de la escucha abierta (“mandar obedeciendo”, dice), sino a través de una “estrategia de conquista” a las mujeres que pasa por “enamorarlas”. Es que ¿en qué estaba pensando el presidente cuando tuvo tamaña “ocurrencia”? (una más entre muchas). De su discurso se desprende la imagen del colonizador neto y nato, del macho irreverente, del sujeto autoritario que se apoya en el poder de su palabra para obtener lo que se propone irrespetando a la gente que, por estar en condición de desventaja numérica, debería someterse a su voluntad.

A estas alturas del “proceso de cambio” ya no debería sorprendernos esa actitud del presidente, pero apena que no aprenda, que se disculpe cuando se le recrimina por “ocurrencias” del estilo y a la vuelta de la esquina las vuelva a proferir de manera tan impertinente. No es que “se le ocurrió”, no es que “estaba bromeando”, es que así ES nuestro presidente y no va a cambiar. Ilusa yo que creí que había tenido la capacidad de reflexionar cuando le recriminé por sus expresiones irrespetuosas hacia las mujeres durante la campaña presidencial de 2009 y que le agradecí públicamente sus disculpas.

Pero, lo más triste de esta cuestión no es tanto la comprobación reiterada de que nuestro presidente es un machista redomado, cuanto que queda en evidencia que la mayoría de los bolivianos son y piensan como él, de lo contrario ¿se atrevería a lanzar semejantes improperios con tanta “naturalidad”? ¿Verdad que no? ¿Hubo acaso una sola voz en la asamblea donde dio su “orden presidencial” que le llamara la atención sobre lo inapropiado de la misma? No, ni una sola, ninguna que proviniera de mujer u hombre allí presente, al contrario, seguramente hubo risa general.

Esa es la sociedad que habitamos, una donde el discurso de la “descolonización” y de la “despatriarcalización” es permanentemente opacado por los hechos y dichos del propio primer mandatario del Estado Plurinacional.

Jenny Ybarnegaray Ortiz
Feminista y militante por los derechos de las mujeres

How does Morales square his role as champion of Mother Earth with policies that threaten environmental degradation in Bolivia?

Giant mapajo trees rise imposingly above the canopy, the howls of monkeys reverberate in the distance, and rare jaguars roam unconcealed in the undergrowth: the Bolivian jungle is a place of unspoilt natural beauty. Rated eighth in the world for its biodiversity, more than half of Bolivia is still covered by pristine forests. But what for some is picturesque remoteness, is for others the curse of underdevelopment.

 The Isiboro Sécure Indigenous Territory and National Park (TIPNIS) is no exception. It’s home to thousands of species of birds, mammals and plants. But it’s also one of the poorest areas in Latin America.

With its 2.5m acres, the TIPNIS (from its initials in Spanish) is doubly protected, as a park and as the territory of the Moxeños, Yurakarés and Chimanes indigenous people, to whom the government seems in a rush to want to bring its controversial version of progress and prosperity.

“Whether they like it or not, we will build that road,” President Evo Morales insisted last week during a speech in Sacaba, near Cochabamba. He wants to construct a highway that cuts right across the park, arguing that connecting isolated towns and communities is in the strategic interest of all Bolivians, including the TIPNIS indigenous people. But the inhabitants of the ancestral park strongly oppose the construction, and they are ready to fight against it.

“If the government wants to bring in heavy machinery to trample on our rights, they will surely start a conflict with us,” says Mauricio Cuellar, one of their leaders. He regrets that, despite Morales’ self-depiction as a protector of “Mother Earth” and the rights of indigenous people, the president wants to go ahead with a project which the TIPNIS residents say will lead to environmental degradation.

On the international stage, Morales is seen as a champion and one of the most vocal supporters of the environment. Last year, he hosted a climate change conference in the Bolivian city of Cochabamba, and Bolivia was the only dissenting country against the deal reached at international climate change talks in Cancún, whose terms it said were equivalent to “ecocide and genocide”.

At the United Nations, it has also pushed for the recognition of access to clean water as a human right and, as a result of a Bolivian initiative, each 22 April is now marked as International Mother Earth Day.

Look closer to home, however, and a different picture emerges. “We’re seeing an enormous contradiction between what he says and what the reality is,” says Maria Lohman of Somos Sur [We Are the South], a Bolivian group that seeks to offer an alternative to a “dehumanising and predator model”.

“What we see here is the plundering [of our resources],” says Lohman. “Each year, 740,000 acres go up in flames [to clear land for agriculture].” And the same plundering goes on unpunished in the mining sector, she argues. “The biggest mines are in the hands of transnational corporations which are looting minerals with the most anti-environmental methods.”

Despite its finger-pointing at the west for causing climate change through the irrational use of raw materials, Bolivia’s economy thrives on the sale of natural gas. “Domestically, the Morales administration has used the nationalisation of gas as one of its banner programmes,” says Kathryn Ledebur of the Andean Information Network, a thinktank that promotes human rights and socioeconomic justice in Bolivia.

“Morales has emphasised that income from these industries has helped to fuel key initiatives, such as bonuses for schoolchildren and young mothers,” says Ledebur. “Yet, this focus at times comes into conflict with the administration’s international priorities: climate change and respect for the environment.”

So, on one hand, Morales is Bolivia’s first indigenous president and an environmental champion; on the other, he’s a tacit supporter of the industrialised model. Daniela Leyton, a political psychologist for Kandire, an organisation that seeks the achievement of peace through the protection of human and environmental rights, believes that the president promotes these two conflicting sides interchangeably in his international image, to attract investment from abroad and ensure his political survival at home.

“If he needs to be accountable to international donors, we have an indigenous president,” she says, referring to the huge foreign funds that aid programmes for Bolivia’s indigenous people bring into the country. “But if he needs to be accountable to the people so that he can pay for social programmes and maintain a stable economy, we need large projects, and we’re talking about hydrocarbon exploration above all.”

For Leyton, the TIPNIS highway is a clear example of the president’s double standards on the environment. Natural gas deposits have been found within the boundary of the park, and oil companies would need a road to exploit them. But stubbornly going ahead with its construction would alienate the president’s indigenous support base, which would also be unpopular among Bolivia’s international donors.

That is why Leyton believes that Morales can prevail only through honest and transparent consultation with all the indigenous communities in the TIPNIS – striking a balance between the two conflicting sides which is acceptable to all parties.

Encima, el cinismo se ha convertido en su modelo de explicación de todo lo que deshacen. Y el autoritarismo más flagrante en la conducta de todo lo que imponen. Era incomprensible. Pero hoy es inadmisible. Porque esta gestión del MAS nos dejará un país destrozado dado que siempre es más fácil deshacer que construir. Y tan o más grave todavía, un país con dos tercios de gente pobre e indigente que, como no tiene herramientas que le permitan mirar el bosque de la desgracia presente y futura, seguirá creyendo que su hermano no los traicionará. No saben que ya lo hizo. Ni sabrán que ha enterrado en el fango de un futuro que ya es historia todas sus esperanzas. Sólo vivirán las consecuencias de una tormenta perfecta.

Santiago Solari, futbolero culto, comparte sus razones para homenajear al Barcelona Futbol Club.

Hace 4.000 años, a orillas del Nilo, unos jóvenes se divierten lanzándose unos a otros la pelota y un artesano los inmortaliza en el muro sur de un templo en Beni Hassan. Quinientos años después, en Mesoamérica, los olmecas intentan acertar en un aro de piedra pasándose entre sí una bola de chicle con las nalgas. En el siglo XII a. C., la princesa Nausicaa y sus doncellas juegan a la pelota en una playa imaginada por Homero. En los albores de la era cristiana, el historiador griego Plutarco compara a las personas de voluntad generosa con los jugadores que reciben la pelota y no la retienen ni se la pasan a quienes no saben jugar, sino solo a aquellos que son capaces de devolverla.

Desde que el hombre tiene recursos para registrar su entorno tenemos vestigios de personas pasándose un balón por diversión. Desde que el hombre registra su historia, nadie había visto a un equipo de fútbol pasarse la pelota como lo hace el Barcelona. El sábado, mientras volvía a casa para ver la final de la Champions, me detuve un momento a observar a un grupo de niños que jugaba al fútbol en la plaza. El único arco lo formaban un par de zapatillas y el tronco doblado de un jacarandá. Entre gritos y risas, los veía divertirse pateando el balón por puro placer.

El objetivo final del entrenador o el futbolista profesional no es la diversión, sino la victoria, y todas las formas de encararlo son válidas en tanto sean reglamentarias. Hay una multitud de recursos que, de acuerdo a las ideas y los gustos de cada quien, pintan el colorido paisaje de propuestas que nos ofrece el fútbol contemporáneo. Pero la esencia del juego con pelota, su naturaleza inicial, es el diálogo que se da entre quien la pasa y quien se la devuelve. La diversión que produce el juego en sí.

Los futbolistas del Barcelona destruyen a sus rivales con su estilo a la vez que se divierten. Sin embargo, lo que hacen está lejos de ser simplemente un juego. Precisamente porque dominan su oficio a la perfección es por lo que pueden darse el lujo de jugar como si se tratara de un entretenimiento.

El dominio del Barcelona actual es fruto de años de trabajo para afianzar un concepto y de buscar y formar los entrenadores y futbolistas idóneos para interpretarlo. En el fútbol de hoy, en el que los técnicos duran tres partidos y las instituciones zigzaguean según el soplido del viento, el Barça ha nadado contra la corriente. Ha logrado culminar un proceso en el que hace falta un gran convencimiento para lograr una identificación cultural que abarque a todos los estamentos de la institución. Para ello, es fundamental la continuidad de una idea y que esta se ubique por encima de las personas que ocupan eventualmente sus cargos.

La idea y no las personas como hilo conductor. Una fórmula basada en conceptos requiere mucho más tiempo para desarrollarse y evolucionar que una basada en personas. Es en ese punto donde se puede decir que el camino a recorrer está por encima de los resultados ocasionales.

Cualquier camino elegido, cualquier idea, es válida. Pero, a su vez, nuestras elecciones nos definen. Desconozco las razones culturales por las cuales el Barcelona decidió un día que su leit-motiv sería apoderarse del control del balón. Pero estoy convencido de que cualquier tarea es menos ardua cuando se realiza con alegría y que, igual que un niño, un futbolista profesional es feliz cuando tiene el balón en su poder.

El Barcelona consiguió en la final de la Champions contra el Manchester United hacerme sentir como si estuviera mirando a los niños de la plaza. Logró, a través de la arcaica invención de pasarse la pelota, fundir diversión y victoria. La esencia y el objetivo final de este fabuloso espectáculo que llamamos fútbol.

La American University organizó en Washington la mayor conferencia sobre derechos humanos, para evaluar en veinte paneles el impacto de la política del gobierno de Obama. Junto con líderes de las principales organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, funcionarios de ese gobierno y miembros actuales y pasados de los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas, participaron líderes de ONG de todo el mundo. Transcribo la exposición del argentino Horacio Verbitsky.

Lo primero que debo decir es que Obama tuvo y tendrá una gran ventaja, por el solo hecho de ser el presidente que sucedió a George W. Bush. Pero su oferta electoral iba mucho más allá de no ser un violador sistemático y manifiesto de los derechos humanos. Como organización de Sud América identificamos varios puntos de preocupación en sus políticas de derechos humanos. Por supuesto, tenemos conciencia de las disputas partidarias y de las presiones de los grupos más conservadores de ambos partidos, pero aun así la responsabilidad del Poder Ejecutivo es central. Por desgracia el balance tiene pocos aspectos positivos y son sobre todo simbólicos. Obama se alejó de la retórica belicista de Bush y eso le bastó para obtener el premio Nobel de la paz. Pero la verdad es que en los hechos pisoteó las esperanzas que había suscitado en la comunidad de derechos humanos.

La prisión de la Bahía de Guantánamo es un impresionante ejemplo de sus promesas electorales incumplidas. Se esperaba que con el cierre de esa cárcel Estados Unidos cumpliera con los requisitos del sistema legal internacional, pero la falta de decisión contra las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos perpetúa el excepcionalismo del período Bush, que coloca a este país por encima del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual es de una enorme arrogancia.

En febrero de 2006 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el Relator Especial sobre la libertad religiosa y el presidente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias informó a la Asamblea General que en Guantánamo se violaba el derecho a un juicio justo y se empleaban métodos de interrogatorio prohibidos por la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes. También concluyeron que las condiciones de detención, la alimentación forzosa de las personas en huelga de hambre, el tiempo indeterminado de detención y el extenso confinamiento solitario violaban el derecho a la salud y a ser tratado con dignidad. La semana pasada se confirmó que no menos de 150 personas inocentes estuvieron confinadas allí durante años, incluyendo choferes, agricultores, pastores y cocineros, por errores de identificación o por haber estado en mal momento en un lugar inconveniente.

Un par de miembros de la ONG Médicos por los Derechos Humanos pudieron leer las hojas clínicas de muchos presos en Guantánamo. Encontraron huesos rotos por palizas brutales, ataques sexuales, aplicación del submarino y simulacros de fusilamiento, métodos prohibidos por las convenciones internacionales y por normas éticas universales.

Analogías perturbadoras

Creemos que la política de Obama debería incluir un apoyo activo a los procesos judiciales que se realizan en la región por los crímenes de las dictaduras. El gobierno de los Estados Unidos debería adoptar también mecanismos de responsabilidad para juzgar los más graves crímenes internacionales cometidos en la denominada guerra contra el terrorismo, que tiene perturbadoras analogías con las prácticas autoritarias de las dictaduras latinoamericanas del pasado.

Las detenciones sin juicio y la entrega de prisioneros a países en los que la tortura es común, para sacarlos de la jurisdicción estadounidense y privarlos de su sistema de protección de garantías, contradice el principio de no devolución establecido por la Convención contra la Tortura. Esta práctica frecuente es emblemática de una regresión peligrosa respecto de las normas de derechos humanos fijadas por la comunidad internacional cuando se conocieron los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La relación de Estados Unidos con América Latina es dirigida por el Pentágono, que dispone de más presupuesto y personal que las secretarías del Tesoro, de Agricultura, de Comercio y de Estado juntas. Cada año, durante las audiencias legislativas, el jefe del Comando Sur explica esta relación en términos de seguridad nacional, un concepto tan vasto como impreciso que incluye casi cualquier cosa imaginable, incluso las opciones electorales de nuestros países, que suelen ser descalificados como populistas. La presencia estadounidense en la región sigue siendo demasiado militarizada. El gobierno de Obama no revirtió el alistamiento de la 4ª Flota Naval dispuesto en 2008. Por el contrario, avanzó más allá por este camino equivocado cuando impulsó a Colombia a confrontar con el resto de la región por la cesión de bases militares a los Estados Unidos. El Comando Sur planeaba usarlas como herramienta para controlar a otros países de Latinoamérica, que naturalmente se opusieron. Según fuentes ecuatorianas, la inteligencia estadounidense jugó un papel central en el ataque aéreo del gobierno de Colombia sobre un campamento de las FARC, del lado ecuatoriano de la frontera.

La militarización de todo

Los Estados Unidos hacen un doble juego con el rol de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Obama no reconoce la diferencia entre seguridad y defensa, algo fundamental para los países que padecieron terribles dictaduras militares. Mientras la ley Posse Comitatus, del siglo XIX, prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública dentro de los Estados Unidos, su gobierno presiona a nuestros países en la dirección contraria, borrando los límites entre ambos roles. Lo mismo ocurre entre defensa e Inteligencia, en una sociedad con una proyección sin precedentes de lo militar sobre toda clase de actividades. Esto no ocurre por casualidad sino debido a decisiones políticas, como se aprecia con el enroque entre uno de los más altos jefes de las Fuerzas Armadas y el director de la CIA. El traslado del militar a la CIA y la designación en el ministerio de Defensa de quien dirigía la CIA sugiere que no hay diferencias, que son lo mismo. Esta clase de confusión ha socavado incluso la ayuda a Haití después del terremoto. La misión estadounidense en ese país se caracterizó por la presencia militar, más que social o económica. Haití necesita con desesperación de médicos, servicios sociales, inversiones y no de soldados que exhiben uniformes futuristas y un amenazante equipamiento bélico. Esto es tan fuerte en la cultura estadounidense que incluso cuesta explicar aquí por qué debería ser de otra manera.

Al presentar al Congreso su justificación del presupuesto solicitado para 2010, el Pentágono introdujo la doctrina expansionista de la Guerra Irregular, de inquietante similitud con algunas doctrinas contrainsurgentes de la década del 60, actualizadas en la denominada guerra contra las drogas, pero no sólo. Junto con la contrainsurgencia viene la doctrina de la construcción nacional o National Building, que se propone remodelar las instituciones políticas de otros países, lo cual no es una actitud amistosa. Otros documentos militares estadounidenses consideran a algunos países y regiones, entre ellos Venezuela, como posibles teatros de operaciones. El envío de coroneles de la brigada aerotransportada de paracaidistas de Fort Bragg para entrenar a la Policía Federal es otra mala señal. El gobierno argentino los acusó de tratar de introducir en el país sin declararlos armas, drogas como morfina y misteriosos equipos de comunicaciones. Este modelo de intervención ha tenido negativo impacto sobre los derechos humanos. Peor aún, cuando algunos países tratan de cambiar por formas más eficaces de enfrentar a la criminalidad compleja con respeto por los derechos humanos, el gobierno de Obama insiste en las fracasadas recetas de la era Nixon. Devastado por una violencia siempre en aumento, México es la prueba viviente de la insanía de esta política. México provee las drogas que se consumen en Estados Unidos y Estados Unidos las armas con las que se asesina en México. No es una política de buena vecindad. Los ex presidentes Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y Cesar Gaviria y el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, entre otros, dan por perdida esa guerra a las drogas y proponen un enfoque diferente, que Estados Unidos no acepta.

Otra fuente de desacuerdos con la región es la posición estadounidense sobre el golpe en Honduras. Aunque al principio Washington rechazó el golpe como ilegal, la presión del partido Republicano en el Congreso forzó a Obama, Hillary Clinton y Arturo Valenzuela a reconocer un proceso electoral viciado que permitió la elección del nuevo presidente Porfirio Lobo, a pesar de la expulsión del derrocado presidente Manuel Zelaya, cuyo regreso fue la condición no negociable de Latinoamérica desde el comienzo de la crisis. El resultado ha sido divisivo para el hemisferio. El gobierno hondureño fue reconocido por Estados Unidos pero excluido de la OEA y sin relaciones diplomáticas con la mayoría de los países latinoamericanos. Honduras aún padece una duradera crisis institucional y de derechos humanos.

El compromiso con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reflejado en la jerarquía de los representantes de Obama ante ese foro, es la decisión política más positiva que podemos identificar. Creemos que Estados Unidos debe permanecer en el Consejo y ayudar a su consolidación. Pero aún le falta desarrollar un marco estratégico para relacionarse en forma positiva con los nuevos mecanismos regionales, como la UNASUR y el Consejo Sudamericano de Defensa, para apoyar la estabilidad en la región por medio del manejo y la prevención de crisis y la afirmación de una agenda de derechos humanos.

Varios países de Sudamérica (como la Argentina, Chile, Perú y Uruguay, y ahora, en parte, también Brasil) han decidido investigar y de ser posible llevar a juicio los crímenes cometidos durante sus dictaduras cívico-militares. Esta es una decisión fundamental para consolidar nuestras democracias, y debería ser bienvenida y apoyada por Estados Unidos. También ponemos esperanzas en la posible desclasificación de archivos de la CIA y del Pentágono sobre nuestros países, pero también urgimos que se tomen acciones en ese sentido, aquí en los Estados Unidos. Es incongruente condenar a las dictaduras latinoamericanas y proteger a los responsables de autorizar en Washington crímenes similares con el pretexto de proteger al pueblo norteamericano, un razonamiento similar a los de Videla o Pinochet.

La guerra contra los jóvenes

También nos preocupa la falta de atención que presta Estados Unidos a los derechos económicos, sociales y culturales a diferencia de la protección a los derechos civiles y políticos. La salud, la vivienda y el trabajo no son considerados como derechos humanos y los tratados que los consagran como tales no han sido ratificados por Estados Unidos. Según el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que resume los aportes de más de un centenar de ONGs a la Revisión Periódica Universal:

- cerca del 30 por ciento de la población carece de ingresos suficientes para atender sus necesidades básicas, con 24,7 por ciento de los afroamericanos, 20 por ciento de los jóvenes y 14,5 por ciento de las mujeres debajo de la línea de pobreza.

- centenares de mujeres mueren cada año por complicaciones evitables del embarazo, con amplias disparidades en el acceso al cuidado de la salud basadas en razones étnicas.

- pese a la sanción de una ley que mejora la salud pública, aún existen 20 millones de ciudadanos estadounidenses sin ningún tipo de seguro de salud.

Por desgracia, este problema estructural se agravó por algunas decisiones de política interna influenciadas por fuerzas que se oponen al gobierno de Obama. Desde un punto de vista latinoamericano el cierre de guarderías y escuelas públicas para sectores de bajos ingresos, el despido de maestros, la eliminación de miles de planes de salud para niños solos, la reducción de gastos en Medicaid podrían emplearse para justificar similares políticas horribles, pasadas o futuras, en nuestros países. Todo esto constituye una vergonzosa guerra a los jóvenes, que el pueblo de los Estados Unidos no debería consentir.

A pesar de todo esto creemos que aún existe en todo el mundo, aunque declinante, una ventana de oportunidad y buena voluntad para que Estados Unidos, o mejor dicho el gobierno de Obama marque un enfoque diferente en su política exterior, en particular hacia Latinoamérica y los derechos humanos. La región está madura para discusiones multilaterales más equilibradas, mejor meditadas, estratégicas sobre cuestiones que puedan afirmar los derechos humanos. Esperamos que los próximos años de gobierno de Obama muestren acciones concretas hacia esa finalidad